“La nueva ley de la vivienda y las últimas decisiones del gobierno de la Generalitat de Cataluña acabarán definitivamente con el sector inmobiliario”. Es la denuncia de Eduardo Molet, que hace varios años que advierte del destrozo que la regulación y control público están provocando en el mercado de la vivienda. “En los próximos meses desaparecerán miles de viviendas en alquiler, impidiendo el acceso a particulares y familias con rentas medias y bajas. El precio de lo que quede será más caro, es inevitable”.
Molet ve una estrategia a medio plazo por parte de los partidos políticos que gobiernan. “Buscan que la sociedad acepte las expropiaciones como un mal menor, y para ello primero tienen que dejar en la calle a miles de familias vulnerables que no podrán acceder a viviendas de alquiler por la poca oferta y los elevados precios”. El consultor explica que en las últimas semanas muchos pequeños propietarios que tenían viviendas en alquiler han decidido retirarlas del mercado una vez finalicen los contratos de arrendamiento que están en vigor. “No quieren correr el riesgo de que sus inquilinos de conviertan en ‘inquiokupas’”.
El temor de los propietarios se ha multiplicado en las últimas fechas, explica Eduardo Molet. “Tienen miedo de que no les paguen el alquiler y no puedan recuperar la vivienda en años si los inquilinos son consideradores vulnerables. Pero también les preocupa que les expropien la vivienda si no la alquilan y permanece un tiempo vacía”. El consultor define la situación actual del sector inmobiliario como un caos de incertidumbre y temor.
La previsión, según el experto, es que en poco tiempo haya miles de personas con una situación cercana a la vulnerabilidad en la calle y sin opciones de acceder a una vivienda por los elevados precios. “En esta situación, la sociedad entenderá que haya expropiaciones de pisos vacíos. Empezaron con los grandes tenedores, cuya condición situaron en 10 pisos vacíos. Más tarde, pasaron a considerar grandes tenedores a aquellos con 5 pisos vacíos, y al final lo será cualquier pequeño propietario”.
Regulación de precios, desahucios y expropiación: la tormenta perfecta.
El control de los precios de alquiler, los cambios procesales para desahucios y desalojos, y el nuevo camino que se abre con las expropiaciones anunciadas por la Generalitat de Cataluña, acabarán con un mercado inmobiliario colapsado y al borde del desastre, denuncia Eduardo Molet. “Las consecuencias las acabarán sufriendo propietarios e inquilinos. Los primeros podrán acabar expropiados si dejan vacías sus viviendas, que no querrán alquilar con la inseguridad jurídica actual, y la oferta que quede en el mercado será cara, de mala calidad, y los que necesiten alquilar tendrán muchas dificultades para hacerlo”. El consultor señala que solo en el último año ha desaparecido el 34% de los inmuebles en alquiler.
Según Molet, tampoco está claro que los precios vayan a bajar con esta medida. “Hay zonas en las que ya se ha puesto tope y los alquileres se han mantenido altos, principalmente porque se ha reducido la oferta disponible como consecuencia de la regulación”. Y es precisamente la regulación lo que, en opinión del experto, lejos de erradicar la inseguridad jurídica, la acaba fomentando, especialmente entre los propietarios que más parque de viviendas tienen. “Al final prefieren venderlas y dejar de invertir en el mercado inmobiliario”.
Respecto a las trabas que pone la ley para el desalojo de morosos y okupas, Molet cree que estos cambios procesales serán incluso más perjudiciales que el tope de precios. “El propietario se puede quedar sin casa durante años”. Molet cree que lo que hay detrás de la nueva Ley de Vivienda es una visión cortoplacista sobre cómo abordar un problema que va más de allá de regular precios. Es una medida electoral que deja en manos de la comunidades autónomas la aplicación final de la ley. Habrá mucha desigualdad entre regiones dependiendo del signo político de cada comunidad, y eso, como siempre, lo acabarán pagando propietarios e inquilinos”. En este sentido, denuncia el experto, “lo más grave son los cambios procesales para desahucios y desalojos, ya que en este asunto las comunidades autónomas no podrán hacer nada”.
Más vivienda social
El principal problema de fondo es la falta de vivienda social pública, argumenta Eduardo Molet, que compara la situación de España con la de otros países del entorno europeo. “Mientras que aquí estamos en el 3% de vivienda social, en países como Dinamarca, Austria o Países Bajos se sitúa entre el 20% y el 30%”. En este contexto, la valoración del consultor sobre el anuncio del gobierno de sacar decenas de miles de viviendas para alquiler social es que “se hace en un contexto de campaña electoral y la información sobre cómo se ejecutará no está clara. “Se sigue creando inseguridad y el problema actual sigue sin resolverse, que es lo que queremos todos”. Molet denuncia que, al final, lejos de aportar soluciones constructivas, lo único que se busca es criminalizar a una de las partes y atacar la propiedad privada para generar corrientes de opinión.
Una medida interesante sería apostar por los incentivos fiscales para propietarios e inquilinos. “Está demostrado que una mejor fiscalidad fomenta el alquiler”. Y respecto a uno de los grandes problemas del mercado del alquiler, los precios de las grandes ciudades, especialmente de las zonas más céntricas, la solución pasa por tomar medidas para bajarlos sin expulsar la oferta del mercado, como ocurre cuando se regula el precio. “Hay que incentivar que la población más joven pueda acceder a la vivienda en zonas menos tensionadas, facilitando una buena red de transporte y servicios y equipamientos públicos para hacer más atractiva esta opción”. Molet cree que así el propio mercado acabará regulando los precios en las zonas con más subidas, evitando también el efecto rebote en la periferia y provincias limítrofes.
